En las últimas décadas, Colombia ha sido afectado por uno de los conflictos internos más largos a nivel mundial. Este acontecimiento ha marcado la historia del país y sus más de 50 años de duración lo posicionan como un evento con repercusiones negativas políticas, sociales y económicas de alto impacto en la nación.

El conflicto armado ha sido heterogéneo, tanto en sus características temporales como en los territorios y actores involucrados directamente; si bien no se tiene claro el momento exacto de su inicio, existe un común acuerdo de ubicar el auge del conflicto en 1964 con la formación de la guerrilla, además, en reconocimiento de su carácter cambiante, de sus protagonistas y contextos, el Centro Nacional de Memoria Histórica identifica cuatro periodos en la historia del conflicto.

De 1958 a 1982 se posiciona el primer periodo que marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, con la formación de los primeros grupos guerrilleros; el segundo periodo (1982-1996) contempla la expansión territorial, la proyección política y el crecimiento militar de las guerrillas y el surgimiento de los grupos paramilitares, además de una nueva Constitución Política en 1991; el tercer periodo comprendido entre 1996 y 2005 marca un nuevo punto de inflexión en la intensificación del conflicto armado, y por último, el cuarto periodo (2005-2012) en el que se reorganiza el conflicto con una fuerte acción ofensiva militar por parte del estado para así, llegar en el año 2016 a la implementación del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El resultado de esta historia de violencia han sido las miles de víctimas que hoy son reconocidas por el gobierno colombiano y,  a quienes se les ha indemnizado o restituido sus tierras, con esta finalidad el congreso de la república de Colombia establece la ley 1448 de 2011 “para la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, aquí se consideran víctimas, “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones generales y manifiestas a las normas Internacionales de derechos humanos, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno”.

La magnitud del conflicto ha sido tal, que actualmente, se reporta que el número de víctimas ha ascendido a 8.816.304, de acuerdo a los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) al 1 de febrero de 2020, de las cuales 6.837.935 son sujetas de atención, 83.894 se encuentran en Caldas y, particularmente en Manizales 15.382. Estas cifras suponen un reto para la reparación integral de esta población, sin embargo esta se ha enfocado netamente en aspectos sociales y jurídicos con programas gubernamentales, que pretenden ejecutar políticas públicas para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (PAPSIVI); esta es una iniciativa del gobierno nacional que busca abordar los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por el conflicto, a nivel individual, familiar y comunitario con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. 

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